Franklin Amador Hawkins

Secretario de Planeación Distrital 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el instrumento básico para el desarrollo territorial de la ciudad y el Decreto 1232 de 2020 lo define como el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.

El contenido del POT tiene una vigencia de largo plazo correspondiente a tres periodos constitucionales de cada administración, es decir doce años, y éste fue adoptado en Cartagena mediante el Decreto 0977 del 20 de noviembre de 2001; nuestro último, primer y único POT.

La ciudad, hoy con un POT de más de veinte años y con baja funcionalidad, tiene el reto de revisar y actualizar este instrumento de planificación espacial para que responda a las realidades y necesidades territoriales, a la visión cartagenera y anhelos de la ciudadanía, a proponer un modelo de ocupación y establecer un cuerpo de normas urbanísticas que constituyan esa instancia que permita promover el desarrollo del territorio.                

El Plan de Desarrollo “Salvemos Juntos a Cartagena, Por una Cartagena Libre y Resiliente 2020-2023”, y su línea estratégica “Instrumentos de Ordenamiento Territorial”, contempla la formulación del POT en este cuatrienio de gobierno. Pero el formularlo y superar de manera exitosa su concertación ante la autoridad ambiental, la consulta ante el Consejo Territorial de Planeación y su adopción en el Concejo Distrital, no es sólo un reto del gobierno actual, sino un reto de ciudad, en el cual se debe garantizar y propiciar los espacios de participación efectiva de los sectores gremiales, academia, comunidades étnicas, grupos de interés y ciudadanía en general.

El POT más allá de un fin per se debe ser visto como un medio “para”, lograr el desarrollo territorial, lo que exige que el POT tenga diversos atributos, entre los cuales debería contener como mínimo el ser funcional en cuanto al modelo de ocupación propuesto y las normas urbanísticas que lo soportan.

De materializarse estos atributos o condiciones, el POT se configura en un instrumento que permitiría la construcción de valor público, concepto desarrollado por Mark Moore en su libro “Gestión Estratégica y Creación de Valor Público en el Sector Público” (1998), el cual emerge con la capacidad gubernamental de convocar a la sociedad civil y recopilar, consolidar, interpretar y procesar las visiones del territorio. Es decir, que no es suficiente formular un POT con la normatividad vigente y robusto desde lo tecnócrata, sino contamos con la validación de toda la ciudadanía quienes deben aportar en cada una de sus fases, y lograr la transformación social que demandamos y merecemos quienes cohabitamos el “Corralito de Piedra".